A dos años de su sanción, alertan sobre la “lenta puesta en marcha” de la ley de Egreso – La Voz del Interior
Al cumplirse hoy dos años de la sanción de la ley Egreso, las organizaciones sociales que trabajan por los derechos de la infancia, adolescencia y juventud expresaron su “preocupación” por la “lenta puesta en marcha de la iniciativa” y denunciaron la “falta de ejecución del presupuesto y de información oficial”.
La ley nacional 27.364, pionera en América latina, les garantiza el derecho a los adolescentes y jóvenes de entre 13 y 21 años, que viven en hogares convivenciales o con una familia cuidadora, a percibir una asignación económica y contar con un referente que acompañe su egreso del sistema de cuidados alternativos.
En este sentido, se creó el Programa Nacional de Acompañamiento al Egreso (PAE), que otorga una asignación económica “igual al 80% de un salario mínimo, vital y móvil”, hoy en 12.500 pesos, y que el joven “cobrará mensualmente, a partir del egreso del hogar convivencial o la familia cuidadora, a los 18 años de edad”, apunta en la página web del PAE.
“No se puede decir que está fallando (el programa) sino que el proceso viene muy lento y que, al día de hoy, no hay chicos cobrando la asignación económica, ni siendo acompañados por sus referentes en ninguna provincia”, precisó a este medio Mariana Incarnato, directora ejecutiva de Doncel, asociación civil firmante junto a Feim, Aldeas Infantiles, Acij, Fundación Voz, Cade, Infancia en Deuda y Colectivo Infancia.
Aplicación provincial
Desde las organizaciones sociales precisaron que si bien la autoridad de aplicación de la ley, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), en 2018 creó un área con un equipo “que trabaja para lograr la adhesión de las provincias y la capacitación de referentes” y así lograr que el programa tengan un alcance nacional, “es necesario que todas las autoridades provinciales pongan el tema en su agenda”.
“Son 48 millones de pesos que el Estado nacional destina para pagar las asignaciones de los chicos pero los referentes deben ser pagados por los estados provinciales”, dijo Incarnato y señaló remarcó que el “esfuerzo debe ser compartido” entre cada distrito y la Nación, ya que “cada uno tiene que tener el listado propio de los jóvenes” para poder así realizar un mejor seguimiento.
En tanto, Incarnato afirmó que es importante que se cumpla la ley porque existe una “situación de riesgo” que se intensifica cuando estos chicos se van del sistema pudiendo así quedar “básicamente en la calle ya que no tienen recursos económicos, ni una red que los contengan”.