A dos años de la Ley de Egreso, preocupa su lenta puesta en marcha
GACETILLA DE PRENSA – 30.05.2019
Mañana se celebra el segundo aniversario de la sanción de la Ley de Egreso, que estableció nuevos derechos para adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales y creó el Programa Nacional de Acompañamiento al Egreso (PAE). Las organizaciones que trabajamos por los derechos de la infancia, adolescencia y juventud abajo firmantes expresamos preocupación por la lenta puesta en marcha del programa nacional, a través del cual las y los jóvenes deben poder acceder a su derecho a percibir la asignación económica y a contar con un referente que acompañe su egreso del sistema de cuidados alternativos.
Si bien 15 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya adhirieron al PAE y este cuenta con un presupuesto anual asignado de 48 millones de pesos destinado a las asignaciones para los jóvenes, al momento no hay información disponible sobre la ejecución de esa partida ni sobre la cantidad de jóvenes que efectivamente hayan podido ingresar al programa nacional.
“El desafío en la aplicación de una ley nacional es que todas las provincias comprendan y acepten el enorme esfuerzo que significó que exista esta ley, que tiene reglamento y presupuesto asignado y cuya ejecución depende la celeridad que le den al proceso de puesta en marcha. Las vidas de estos y estas jóvenes son ahora, y requieren de una respuesta urgente”, dijo Mariana Incarnato, directora ejecutiva de DONCEL y agregó: “También preocupa que aún no existan canales claros de participación juvenil para monitorear y evaluar el trabajo del Estado”.
El 31 de mayo de 2017, el Congreso Nacional sancionó por unanimidad en ambas cámaras la Ley nacional 27364, una ley pionera en la región de América Latina y modelo en el mundo, que reconoce igualdad de derecho para jóvenes que vivieron en el sistema de cuidados alternativos respecto a aquellos que viven con sus familias. La Ley de Egreso fue impulsada desde la sociedad civil, con amplio protagonismo de jóvenes que reclamaron al Estado que amplíe su protección hasta los 21 años, para que no vuelvan a sufrir otro abandono al cumplir la mayoría de edad. Esto constituyó un avance en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado y del derecho a la adquisición progresiva de la autonomía de adolescentes y jóvenes.
En 2018, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), autoridad de aplicación de esta ley, creó un área con un equipo que trabaja para lograr en la adhesión de las provincias y la capacitación de referentes. Sin embargo, para que el programa nacional pueda alcanzar a cada joven del país, es necesario que todas las autoridades provinciales pongan el tema en su agenda. En este sentido, las que ya dieron un primer paso adhiriendo al PAE son: Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa fe, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, Chubut, Córdoba, Jujuy y Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquellas que aún no iniciaron este proceso son: Corrientes, Santa Cruz, San Luis, Chaco, Formosa, Misiones, La Pampa, San Juan, San Luis.
El siguiente paso para la puesta en marcha de esta política pública es que cada provincia seleccione a los referentes y a los jóvenes que ingresarán al programa.
Organizaciones firmantes:
DONCEL
FEIM
Aldeas Infantiles SOS Argentina
ACIJ
Fundación Voz
CADE – Campaña Argentina por el Derecho a la Educación
Infancia en Deuda
Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia
Fundación Comunidad – Corrientes
ANDHES – Tucumán