“Para no criminalizar a niños y adolescentes” , por Perla Zelmanovich. Diario La Capital (2012)
Por Perla Zelmanovich / A pesar de los avances jurídicos sobre la protección de la infancia y adolescencia, faltan más políticas de acompañamiento.
Es indudable que se han producido importantes avances jurídicos relativos a la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la región. También cabe destacar las políticas públicas que buscan acompañar su implementación, como es el caso de la Asignación Universal por Hijo en la Argentina o la ley de hambre cero en Brasil. Sin embargo, y a los efectos de profundizar y afianzar los avances realizados, resulta necesario advertir el estado de desamparo no sólo material, sino subjetivo de amplios sectores de la población infantil y adolescente.
Indicios de este estado de desprotección son las dificultades que encuentran muchos niños y jóvenes para integrarse a las regulaciones que imponen las instituciones educativas, algunos de ellos en franco conflicto con la ley, otros para abocarse al trabajo escolar, para cumplir con las normas establecidas, para asistir a la escuela, que es uno de los requisitos para acceder a los beneficios de las llamadas políticas de inclusión.
Contemplar la paradoja que implica que muchos están dentro de las instituciones, pero sin acceder a tomar parte de lo que allí sucede, hace necesario atender a las causas, con una mirada extendida en el tiempo que pueda leer lo que hoy sucede en tanto efectos traumáticos de las experiencias por las que han transitado y transitan en etapas constitutivas de sus vidas.
Padecimiento. Quienes han padecido la desocupación de sus padres y que los ha llevado a vivir en condiciones de indignidad, los adolescentes de hoy que no cuentan con la transmisión de la experiencia del trabajo ya por tres generaciones y que han visto a sus mayores sufrir los efectos de los consumos de sustancias tóxicas, cuando padecen la violencia muchas veces de la mano de sus seres más cercanos, junto con estas precariedades y violencias materiales, padecen de un desamparo que es de un orden simbólico.
Este desamparo sobreviene cuando lo vivido no alcanza a recubrirse con las palabras que ofrece la literatura, con las imágenes que aportan las artes plásticas, con los sonidos que aporta la música. Irrumpe una realidad que no alcanza a ser significada cuando el orden del lenguaje en todas sus formas está ausente: niños inundados de realidad, lo llaman algunos especialistas.
Este vaciamiento de recursos simbólicos suele estar acompañado de la renuncia de los adultos a cumplir con sus funciones, allí donde se desdibujan las asimetrías necesarias, que no son sinónimo de autoritarismo. En cambio, son las que facilitan por la vía de ofrecer herramientas simbólicas, el pasaje por unas dependencias facilitadoras de futuras autonomías.
Se trata de una renuncia que suele sobrevenir ante el anonadadamiento y la falta de herramientas para leer y encauzar educativamente los desbordes que dificultan el armado de una escena de trabajo. Los desbordes aluden a las dificultades para internalizar la ley, que es resultado de su inscripción subjetiva, y está en la base de la posibilidad de distinguir entre lo prohibido y lo permitido.
Atender a los avatares de la necesaria inscripción simbólica de la ley supone considerar la necesidad de sujeción a la legalidad del lenguaje y el cuidado de producir filiaciones que contemplan una cuota ineludible de recreación de los legados. Es en esa trama que se teje en la micropolítica de cada institución, de cada práctica profesional, donde los derechos sancionados y las políticas públicas que buscan sostenerlos, requieren de un laborioso y arduo armado, y donde la inscripción de la ley subjetiva ocupa un lugar destacado.
Compromiso ético. Resulta entonces un compromiso ético situar en el centro de la agenda académica, política y profesional, implementar políticas de acompañamiento a los profesionales que trabajan con sujetos que viven o han vivido experiencias de precariedad material y de desamparo subjetivo, ante el riesgo de deslizarse hacia una posición de espectador, de nostalgia por lo que no es, o de víctima ante las circunstancias con las que le toca lidiar, posiciones que pueden llevar a tomar el atajo de la patologización o la criminalización de los niños, niñas y adolescentes que la ley jurídica busca proteger.
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