“Hay 20.000 chicos bajo tutela estatal: el 25% podría ser adoptado” (2007)

La Ley Nacional de Protección Integral de Derechos establece medidas de excepción cuyo carácter es temporal y su objetivo específico: recuperar el ejercicio de los derechos vulnerados. El paradigma integral supone la aplicación de medidas preventivas a la institucionalización, tendientes a fortalecer los vínculos familiares. En la realidad, la institucionalización parece ser el procedimiento habitual y prioritario frente a los niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo social. La segregación del “menor en conflicto social” y la negación de oportunidades de reinserción social, propias del paradigma tutelar, se ciernen como una sombra sobre la infancia desprotegida.

Diario Perfil ( 24/06/2007)

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