A la deriva y en situaciones de riesgo – Por Mariana Incarnato – Clarín
Clarín
Mariana Incarnato, directora de la ONG Doncel, describe las dificultades que enfrentan estos jóvenes al enfrentarse con la vida adulta.
Crecer cuesta. Esta frase que resulta frecuente debe ser revisitada para pensar en un grupo muy particular de niños, niñas y adolescentes con derechos vulnerados. Son aquellos que crecen en dispositivos de cuidado formal, es decir, en hogares o familias de acogimiento. Fueron separados de sus familias por el Estado para su protección, luego de sufrir maltrato y abusos. Pero: ¿cómo transitan esos meses, esos años de cuidado alternativo? ¿Hasta cuándo y cómo puede y debe proteger el Estado?
La mayoría de edad, a los 18 años, reclama un cuidado particular porque se trata de una bisagra de acceso a la vida adulta. Allí comienza un período de transición que está dado, por un lado, por el egreso del hogar y, por el otro, por el trayecto que se inicia en la nueva vida. Conseguir dónde vivir, seguir estudiando, no perder los amigos, poder mantenerse, son algunos de los desafíos que enfrentan estos jóvenes, muchas veces en soledad.
De los más de 9.000 niños, niñas y adolescentes separados de sus familias en el país (en CABA superan los 700), muy pocos reciben preparación previa y sostén posterior al momento del egreso. En cambio, son muchos los que al salir del hogar quedan a la deriva y en situaciones de riesgo. Por eso, un grupo de organizaciones sociales y de jóvenes impulsamos un proyecto que el Congreso Nacional aprobó en mayo de 2017: la Ley 27.364, reglamentada en noviembre pasado, crea el Programa de Acompañamiento para el Egreso y establece el derecho de este grupo de jóvenes a recibir apoyo económico y emocional en esta etapa crítica de sus vidas.
Esta ley tiene características innovadoras y superadoras respecto de otras políticas, porque reconoce el derecho básico a crecer con autonomía más allá de cuál sea el motivo de salida del hogar: revinculación familiar, adopción o vida autónoma. Para ello, la ley indica que el acceso al programa debe ser: a) para todo joven que acredite haber vivido en una institución de cuidado y lo solicite de motu propio, sin estar atado a la decisión muchas veces arbitraria de sus cuidadores y b) sin otras restricciones, como por ejemplo pedir como requisito que estudie, trabaje o tenga una vivienda. Justamente, estas políticas se crean para garantizar el acceso a derechos básicos, por tanto éstos no pueden ser condición para su incorporación al programa.
Resta ahora que las provincias adhieran al programa y garanticen este derecho a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes sin cuidados familiares del país.
